Las empresas de servicios públicos, lideradas por APS, están utilizando frases atractivas como ‘beneficios económicos‘ y ‘ahorros para los consumidores‘ para intentar imponer en la legislatura proyectos de ley desfavorables para los usuarios. Sin embargo, los legisladores no deben aceptar ciegamente estas afirmaciones, sino analizar detalladamente el contenido de los proyectos y las repercusiones que podrían tener para los habitantes de Arizona. Al analizar los proyectos de ley, es probable que los legisladores lleguen a conclusiones similares a las de entidades que trabajan para proteger a los consumidores y regular a las empresas de servicios públicos, en lugar de favorecer a las compañías que se beneficiarían directamente si estos proyectos fueran aprobados.

El refinanciamiento de una empresa de servicios públicos debe beneficiar significativamente a los usuarios. Cuando se diseña y ejecuta correctamente, la securitización (HB2679) puede beneficiar a los usuarios de los servicios públicos. En esencia, la securitización es una herramienta financiera que, al igual que una refinanciación hipotecaria, puede generar ahorros que podrían ser reinvertidos. Sin embargo, el proyecto de ley que las empresas de servicios públicos están impulsando en la legislatura no garantiza que los clientes recibirán beneficios financieros tangibles. En cambio, lo que sí es seguro es que las reinversiones son una manera significativa de que los accionistas obtengan beneficios financieros.

La amplitud de la HB2679, la cual es más extensa que cualquier otra legislación de securitización que hayamos visto en Estados Unidos, agrava nuestras preocupaciones. Si bien un alcance amplio puede ser positivo en algunos casos, en este contexto no lo es. La inclusión de elementos que pueden ser securitizados, como la compra de energía o los costos derivados de eventos climáticos, aumenta los riesgos financieros potenciales para los consumidores. La magnitud de este proyecto introduce complejidades que típicamente, y como lo ha señalado laComisión de Corporaciones de Arizona de manera apropiada, deberían abordarse en un caso de tarifas, donde recibirían el nivel adecuado de supervisión y escrutinio. Además, la HB2679 les permite a las empresas de servicios públicos securitizar activos futuros sin establecer en ningún momento un mecanismo de evaluación para analizar los pros y los contras de su implementación.

Las salvaguardas contra la negligencia en incendios forestales deben ser integrales. Las empresas de servicios públicos saben que la planificación para la mitigación de incendios forestales (HB2201) parece una medida sensata, y por ello señalan los recientes incendios ocurridos en distintas partes del país. Sin embargo, han fallado gravemente en explicar claramente a los legisladores que ya realizan planes de mitigación de incendios forestales. Además, dichas empresas, suelen fracasar en describir de manera adecuada el nuevo estándar de responsabilidad que están buscando imponer, un estándar que básicamente limita la rendición de cuentas de la empresa de servicios públicosen casos de imprudencia, en lugar de negligencia, lo cual podría eximir a las empresas de su responsabilidad legal básica. Si una empresa de servicios públicos no cumple con sus responsabilidades, y es negligente, debe tener una obligación hacia aquellos que hayan sido afectado, una obligación que no debe ser cubierta financieramente por los clientes o por los contribuyentes de Arizona. La Comisión de Corporaciones de Arizona ha expresado preocupaciones sobre este proyecto de ley, incluidas posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Si bien el representante Neal Carter logró eliminar algunos de los elementos más problemáticos del proyecto de ley, como la prohibición de demandas colectivas y la aprobación automática de un plan de mitigación de vida silvestre antes de su revisión, siguen existiendo problemas significativos con la propuesta.

Para garantizar que los consumidores no vuelvan a ser responsables de los excesos de las empresas de servicios públicos, como patrocinadora de ambos proyectos de ley mencionados, la representante Gail Griffin, debería detener su avance y convocar reuniones inclusivas con todas las partes interesadas para cada uno de ellos. Los consumidores merecen que sus representantes electos los protejan.